Ciudadanía, territorios y movimientos sociales: una perspectiva desde Magallanes

PREFACIO
Los amplios e inesperados movimientos sociales que hemos presenciado en Chile en los años recientes han roto con la dinámica centralizadora de los acontecimientos en la escena pública.  Se han movilizado entre 2010 y el presente, la ciudadanía de Magallanes, Aysén, Freirina, Tocopilla, Isla de Pascua, Calama, Arica, Antofagasta, Lota y otras localidades.  ¿Qué es lo que une a estas distintas expresiones de movilización social en los territorios del país? Creemos que un hilo conductor que los relaciona -aunque no es el único- es la queja contra el centralismo.
La explosión de las demandas regionales, no es el resultado de la acción deliberada de los “partidos regionalistas” ni de minorías iluminadas, sino es la respuesta espontánea de la ciudadanía que se ha organizado contra el abuso, la discriminación, el centralismo y la inequidad de las políticas neoliberales adoptadas desde los niveles centrales del Estado.Se trata además de un fenómeno de amplitud mundial: la emergencia de las regiones como nuevos actores políticos en la escena internacional.

Este ensayo tiene por propósito fundamental analizar y explorar -desde una perspectiva multidisciplinaria de las Ciencias Sociales y en particular desde la Ciencia Política- los distintos factores que relacionan el centralismo estatal y corporativo que afecta a la sociedad chilena con el modelo de desarrollo y de acumulación dominante.
Manuel Luis Rodríguez U.
Punta Arenas – Magallanes, invierno de 2013.
ACUMULACIÓN DE LA RIQUEZA, CENTRALISMO Y DESIGUALDAD TERRITORIALUn fantasma recorre el país: el fantasma de las regiones y de la ciudadanía de esos territorios, que se sienten excluídos, postergados, discriminados.

El Estado centralizado en Chile (este Estado subsidiario inspirado en el paradigma ideológico neoliberal), ha fracasado en producir o inducir desarrollo equitativo en el territorio nacional.

Las asambleas ciudadanas que han surgido en todo el territorio nacional, representan el fracaso de la política gubernamental basada en el centralismo de las decisiones y los partidos políticos han tenido que plegarse a la nueva dinámica de empoderamiento y protagonismo de la gente movilizada.
En la nueva dinámica desplegada por los movimientos sociales y ciudadanos, las regiones vuelven a ser protagonistas del debate público y actores centrales del cuestionamiento al modelo neoliberal y centralizado de desarrollo.
Las regiones y la ciudadanía de las regiones entienden y están tomando conciencia aceleradamente que el modelo neoliberal funciona en Chile como una poderosa maquinaria estatal y empresarial de extracción de recursos financieros, recursos humanos, recursos naturales y energéticos, desde los territorios regionales y locales, para beneficio de un núcleo central de poder económico y político.
El centralismo del aparato estatal y de las empresas y corporaciones acentúa la desigualdad territorial, segura y profundiza la explotación territorial de los recursos, y asegura la acumulación centralizada de la riqueza, los beneficios, las ganancias, las plusvalías y el capital.  Como es sabido, el modelo de acumulación del capitalismo en Chile, se caracteriza por una creciente concentración de la riqueza.  Esa concentración de la riqueza es, a la vez, corporativa (en grupos económicos) y territorial.    
 Parafraseando la definición de Marx, entendemos que la directriz, el fin y el objetivo de la producción capitalista, son extraer la mayor cantidad posible de plusvalía y consecuentemente explotar la fuerza de trabajo al máximo nivel posible y particularmente en los territorios hegemonizados por el capital.
A medida que el número de trabajadores empleados aumenta, también lo hace su resistencia a la dominación del capital, y con ello, la necesidad del capital de derrotar esta resistencia mediante una contrapresion. El control material, comunicacional y territorial ejercido por los capitalistas no es sólo una función especial determinada por la naturaleza del proceso social de producción, es también al mismo tiempo una función territorializada de la explotación del proceso social de trabajo, y esta consecuentemente enraizada en el inevitable antagonismo entre el explotador y la materia prima viva y trabajadora que él explota.
Del mismo modo, la concentración del capital y la riqueza, produce una distribución desigual del ingreso en Chile, la que desde hace años está entre las peores de América Latina,  a su vez, el continente más desigual del planeta.
Hay entonces una distribución desigual del ingreso no solo en los distintos estratos socio-económicos de la población, sino también que se manifiesta en una distribución territorial desigual del ingreso, del crecimiento, del desarrollo y de la riqueza.El análisis de las cifras de distribución de la riqueza en el tiempo y en el territorio, muestra que Chile tiene una de las economías más desiguales en el mundo.   Pero Chile también es desigual en sus territorios, además de sus diferencias sociales y de clase. Las personas que con su trabajo manual e intelectual crea la riqueza, y sus familias, no percibe con equidad el resultado de su trabajo, y esa desigualdad se manifiesta también en el plano territorial: existe una desigualdad territorial allí donde los habitantes de una región o comuna, no acceden a determinados beneficios del desarrollo como efecto de su localización en un territorio apartado, lejano, extremo o aislado.

El centralismo no es entonces una falla accidental del modelo de desarrollo o del aparato del Estado y la administración, ni es sólo el resultado episódico de determinadas prácticas de los sucesivos gobiernos.
En un sistema capitalista y neoliberal como el dominante hoy ren Chile, el centralismo es uno de los mecanismos claves, estratégicos, para asegurar el patrón de acumulación de la riqueza y de concentración del capital, y para garantizar la dependencia de las regiones y las comunas respecto de un centro único rector del desarrollo, de la acumulación y de la toma de decisiones de las políticas públicas y de las politicas corporativas.
En este modelo de desarrollo centralizado y acumulador de riqueza, el centralismo es funcional a esa acumulación de riqueza y a esa concentración del capital.
HACIA UNA DEMOCRACIA DE LOS TERRITORIOS
Hay una democracia territorial pendiente a alcanzar en nuestro país.
En el marco del proceso de cambio constitucional que debiera producirse en los años venideros, la definición de una nueva Constitución está intimamente asociada a la redefinición de las relaciones entre el Estado central, las regiones y las comunas.   Esta definición implica un amplio debate político, ideológico y ciudadano acerca del Estado y del rol del Estado en los territorios.
Consiste básicamente en una demanda de participación de la ciudadanía organizada, un reclamo de que las decisiones se adopten en las regiones y en las comunas, conforme a las realidades específicas y particularidades de cada territorio y no según los intereses centralistas de las empresas y servicios públicos de la administración.
La democracia territorial supone el ejercicio pleno de los deberes y derechos de la ciudadanía en el ámbito regional y local, mediante la aplicación de mecanismos político-técnicos de consulta, basados en el principio de que las instituciones y servicios deben poner en funcionamiento procesos de toma de decisiones de las políticas públicas con la directa participación e intervención de la ciudadanía organizada. Pierde sentido  la participación entendida como la mera consulta informativa a los ciudadanos para darles a conocer las decisiones que han sido adoptadas por los órganos públicos, y adquiere valor la participación entendida como implicancia, intervención e involucramiento en los procesos de toma de decisiones y protagonismo en la transparencia y la contraloría ciudadana de los actos públicos.
El núcleo central de una democracia territorial consiste en la instalación de procedimientos que aseguren la participación de la ciudadanía organizada en todas las etapas de la toma de decisiones de las políticas públicas, sin que ello implique una disminución  o menoscabo de las atribuciones y facultades de los órganos públicos.
Por el contrario, el servicio público, entendido como un mandato para el ejercicio de determinadas facultades permanentes en procura del interés general y del bien común– fortalece su legitimidad democrática y asegura su eficacia político-técnica, cuando las decisiones de política pública pasan a través de mecanismos institucionalizados de consulta, información, control ciudadano y participación.
El proceso de construcción de una nueva democracia en los territorios de la nación chilena, implica pasos políticos e institucionales que van desde la regionalización, la descentralización y la desconcentración, como etapas y procesos institucionales, para alcanzar determinados grados de autonomía regional.
En la realidad de las políticas públicas en los niveles regionales y locales, el ejercicio de las potestades públicas de los órganos del Estado, debieran acompañarse con la puesta en marcha y la inclusión de mecanismos de democracia participativa.UNA AGENDA PARA LA DEMOCRACIA TERRITORIAL

Algunas de las prioridades del proceso de instalación de una mayor democracia territorial, podría constituirse a partir de los siguientes cambios:

1.-  La democratización de los gobiernos regionales.  Supone -entre otras medidas- la elección directa de los Intendentes Regionales y la dependencia exclusiva de los Secretarios Regionales Ministeriales del Intendente y el Consejo Regional.  También contiene fórmulas como la consulta o plebiscito ciudadano vinculante convocada por el gobierno regional y el establecimiento gradual del mecanismo de los presupuestos participativos a nivel regional.

2.-  El fortalecimiento de los gobiernos regionales.  Creación de servicios públicos regionales, de dependencia directa del gobierno regional.  Creación de impuestos regionales.

3.-  La democratización de los gobiernos locales. Incorporar a la ciudadanía organizada y sus representantes, por ejemplo del Consejo Comunal de la Sociedad Civil, en la toma de decisiones del Concejo Municipal.  Institucionalización del mecanismo de los presupuestos participativos.

4.-  El fortalecimiento de los gobiernos locales.  Supone, entre otras medidas, el otorgamiento de facultades consultivas y decisorias al Consejo Comunal de la Sociedad Civil.   Implica también otorgar mayores facultades contraloras, investigadoras y fiscalizadoras a los Concejales y al Concejo Comunal.  Formalizar por ley, regular e institucionalizar las asesorías y consultorías externas al Alcalde, a los concejales y al Concejo municipal.   Ampliación de las facultades conjuntas del Alcalde y el Concejo comunal, para la creación de tributos a nivel comunal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Burdeau, .: L’Etat. Traité de Science Politique. Vol. II. Paris, 1970.  Editions du Seuil.Olivesi Cl., Autonomies des régions?,   Revue La pensée de Midi, 2007/2 N° 21, p. 25-48.

Pecqueur Bernard et Ternaux P.:  Mondialisation, restructuration et gouvernance territoriale, Géographie, Economie, Société, 2005/4 Vol. 7, p. 315-320.

Piquemal, M.: Les agents de l’Etat.  Paris, 1977.  Presses Universitaires de France.

Scott Allen J. et Storper, M.: Régions, mondialisation et développement,
Géographie, économie, société, 2006/2 Vol. 8, p. 169-192. DOI : 10.3166/ges.8.169-192.

Nos interesa tu comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s